El Defensor del Pueblo da la razón al PSOE de La Carolina ante la queja emitida por el desalojo de su despacho en el ayuntamiento

El Defensor del Pueblo da la razón al PSOE de La Carolina ante la queja emitida por el desalojo de su despacho en el Ayuntamiento

Insta a los Grupos políticos a consensuar la nueva ubicación para preservar “el derecho a la participación política en los asuntos públicos”

La secretaria general del PSOE de La Carolina, Ángeles Férriz, ha dado a conocer la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el desalojo por parte del alcalde, Francisco Gallarín, del despacho del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. El Defensor del Pueblo insta a los diferentes grupos políticos a consensuar la ubicación del lugar de trabajo de los socialistas para preservar el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Ángeles Férriz ha recordado que una de las primeras acciones del señor Gallarín cuando llegó a la Alcaldía fue desalojar al Grupo Municipal Socialista del despacho en el que venía trabajando los últimos 25 años, en una acción de “acoso y persecución” por parte del equipo de Gobierno hacia los socialistas de La Carolina.

“El cambio -señala Férriz- fue por un despacho que se encuentra en el semisótano del Ayuntamiento, sin cobertura para móviles, ni acceso a Internet, no accesible para los ciudadanos con alguna discapacidad y de reducidas dimensiones para que un grupo de 8 miembros, como es el nuestro, pueda mantener reunión alguna”.

“Tras lo acontecido los socialistas de La Carolina emitimos una queja formal al Defensor del Pueblo Andaluz que finalmente nos ha dado la razón”, señala.

José Chamizo insta a los grupos políticos con representación en el Pleno a consensuar la ubicación del despacho para “preservar el derecho a la participación política en los asuntos públicos”.

En esta resolución el defensor del Pueblo tiene en cuenta aspectos como “el nivel de representación política que el Grupo Socialista ha alcanzado”, “los intereses generales del municipio y de sus vecinos” y que “también figuran concernidos o afectados los derechos e intereses de la ciudadanía”.